En Chile, más del 74% de personas adultas tiene exceso de peso y un tercio, aproximadamente, vive con obesidad, con mayor prevalencia en mujeres (45,2%) que en hombres (34,1%). En la población pediátrica, el panorama no es mejor: Chile también lidera en obesidad infantil, una condición que abre paso a enfermedades crónicas. Ante este panorama, las políticas fiscales en alimentación se vuelven una necesidad de salud pública y no un simple debate ideológico.
La OMS considera que los impuestos a bebidas azucaradas y ultraprocesados son una de las medidas más costo-efectivas para reducir su consumo y las enfermedades no transmisibles. Se estima que un alza del 20% en el precio puede disminuir su ingesta en igual proporción. México lo demostró en 2014: tras aplicar un impuesto de un peso por litro, el consumo cayó cerca de un 10% en los sectores más pobres, mientras aumentó la compra de agua.
En 2014, Chile se sumó a la tendencia de gravar las bebidas azucaradas mediante la modificación del Impuesto Adicional a las Bebidas Analcohólicas (IABA), aumentando de 13% a 18% el impuesto a las bebidas con más de 6,3 gramos de azúcar por 100 ml y reduciéndolo al 10% en las de menor contenido. Los resultados fueron mixtos y, en general, el impacto sobre el consumo se consideró insuficiente. Contextualmente, los centros universitarios podrían experimentar un impacto modesto, dado que los productos ultraprocesados se venden allí masivamente y a bajo costo, aprovechando la limitada capacidad económica de los estudiantes. Establecer impuestos fijos a estos alimentos, junto con la reducción del precio de opciones saludables, podría “equilibrar la balanza”: compensar posibles pérdidas de los locales y, al mismo tiempo, fomentar hábitos alimentarios más saludables entre los/as/es estudiantes.
¿Es justo aplicar este tipo de impuestos? Las personas de menores ingresos consumen más ultraprocesados, no por preferencia, sino por accesibilidad y conveniencia. Por ello, los impuestos saludables pueden corregir desigualdades: al encarecer lo dañino y subsidiar lo nutritivo, como sugieren organismos internacionales con frutas y verduras, se promueven opciones más saludables.
Aunque se argumenta que los impuestos saludables son regresivos y afectan más a hogares de bajos ingresos, al considerar los costos de salud asociados a la obesidad y la diabetes, su efecto puede ser progresivo, protegiendo a quienes más lo necesitan. Si los recursos recaudados se destinan a programas de prevención y acceso a alimentos frescos, el beneficio supera la carga económica. Además, aunque la ley de etiquetado mejoró la información al consumidor, esta no basta: los impuestos modifican precios, incentivan cambios en la compra y motivan a la industria a reformular productos, abordando un problema que no depende solo de decisiones individuales.
El desafío futuro es claro: avanzar hacia una política fiscal más sólida que grave no solo el azúcar, sino también el exceso de sodio y grasas saturadas, combinando impuestos con subsidios a alimentos saludables, como giftcards estatales para comprar en ferias libres o mediante el sistema BAES de JUNAEB. La evidencia muestra que estos subsidios pueden ayudar a reducir el peso en adultos, con efectos significativos en mujeres, especialmente en aquellas de bajos ingresos y con hijos. La señal es clara: lo barato no puede seguir siendo lo dañino.
En conclusión, los impuestos saludables no son un castigo, sino una herramienta para disminuir la carga de enfermedades, mejorar la equidad y reducir los costos sanitarios y sociales de la obesidad. Más que un tema tributario, constituyen una política de salud pública basada en evidencia. En un país donde la epidemia de obesidad amenaza el futuro, no son opcionales: son una obligación ética y social.