Un extenso territorio y diversidad climática caracterizan nuestro hermoso país, sin embargo, al analizar el acceso a una alimentación equilibrada, saludable y a precios justos, se pueden observar diferencias relacionadas con el territorio y el desarrollo económico. Ejemplo de ello son las zonas extremas como nuestra Patagonia chilena, en la cual la época estacional influye mucho en la disponibilidad de alimentos como frutas y verduras. En invierno, por ejemplo, la población se ve forzada a consumir los pocos vegetales que logran llegar a la región luego de varios días de viaje, a mayores precios y menor calidad, sin tener muchas otras alternativas. Por otro lado, es llamativo el crecimiento sostenido del comercio de comida rápida, sobretodo en las poblaciones de menores ingresos, y esta comida rápida además está a un menor precio, lo que favorece el acceso a ellas, con las consecuencias del elevado consumo de este tipo de alimentos de menor valor nutritivo y mayor aporte calórico, generando una inequidad en el consumo de alimentos de calidad. Cabe destacar que la región de Aysén tiene una de las tasas más altas a nivel nacional de malnutrición por exceso, sobretodo en la población infantil.

Este escenario negativo debería ser motivo para posicionar el tema de la alimentación saludable como algo prioritario a nivel regional y proponer estrategias innovadoras que sean realizables, como por ejemplo facilitar y entregar ayuda y financiamiento a iniciativas locales que promuevan la producción local y familiar, como la creación de invernaderos, tal vez por sectores, a cargo de juntas vecinales, o a través de los pequeños feriantes que puedan trabajar con ayuda del Estado para aumentar y mantener su producción, es decir, potenciar la agricultura local y relevar la soberanía alimentaria, manteniendo la producción regional, rescatando la cultura, y generando además más puestos de trabajo.

Hoy nuestro país está viviendo un momento importante respecto a la formulación de la nueva Constitución, y entre los temas importantes se encuentra el considerar incorporar el Derecho a la Alimentación, que es parte fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no está presente en nuestra actual Constitución. Esta propuesta constitucional se encuentra siendo discutida por un diverso grupo de académicos y académicas, el Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Po­blaciones (GTOP-UChile), apoyado por la Universidad de Chile, esperando que se plasme finalmente en la nueva Carta Magna.

En consecuencia, sería positivo que en esta nueva Constitución se establezca el derecho a una Alimentación Saludable, que se traduzca en políticas que garanticen la disponibilidad, acceso, precios regulables de acuerdo con la economía local, de manera que nuestra población logre alcanzar una dieta equilibrada para mantener una buena salud.

Paola Andrea Peña Núñez

Enfermera- Matrona

Alumna de Magister Salud Pública USACH